El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad el proyecto de nueva ley orgánica de municipios, una de las normas complementarias de la reforma constitucional sancionada el año pasado en la provincia.
La iniciativa, fruto del consenso entre el frente Unidos para Cambiar Santa Fe y el peronismo, establece las reglas institucionales que regirán el funcionamiento de las ciudades y ordena la transición hacia el régimen de autonomía municipal previsto en la Constitución.
El texto obtuvo media sanción tras un proceso de negociación entre el oficialismo y los bloques opositores, incorporando aportes del Partido Socialista y del justicialismo. Desde ambos sectores señalaron que el proyecto aprobado es superador respecto del mensaje original enviado por el Poder Ejecutivo provincial en diciembre.
La iniciativa ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados de Santa Fe, donde se espera que obtenga la sanción definitiva el 8 de abril. En ese ámbito podrían surgir diferencias, especialmente por la postura del espacio liderado por Amalia Granata, que anticipó su oposición al proyecto.
La nueva ley reemplazará a la histórica normativa que regula a municipios y comunas desde hace décadas y fijará el marco institucional para las ciudades mientras no dicten sus propias cartas orgánicas. Estas podrán ser elaboradas por las ciudades de más de diez mil habitantes para definir su organización institucional.
Entre los puntos principales, la norma establece que el Departamento Ejecutivo municipal estará a cargo de un intendente elegido por voto directo por cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. También determina que no habrá viceintendente salvo que las cartas orgánicas locales lo establezcan.
El proyecto fija además la cantidad de concejales según la población de cada ciudad, regula el funcionamiento y la renovación de los concejos municipales, define competencias en áreas como planificación urbana, desarrollo productivo, ambiente, defensa del consumidor y promoción de la salud, e incorpora mecanismos de participación ciudadana como referéndum, iniciativa popular, audiencias públicas y presupuesto participativo.
La ley también habilita la creación de áreas metropolitanas para coordinar políticas entre ciudades, establece normas de transparencia y control de la gestión municipal, fija principios de responsabilidad fiscal y regula el funcionamiento de la justicia municipal de faltas. Además, crea un sistema de transición ordenada entre gobiernos y mantiene la obligación de destinar al menos el 10% de las rentas municipales al Fondo de Asistencia Educativa hasta que se sancione una normativa específica.
