La investigación por presuntas coimas en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI de Esperanza sumó nuevos elementos y estableció que las maniobras bajo investigación se habrían desarrollado durante varios años, al menos desde enero de 2020.
Hasta el momento, la causa tiene a cuatro policías y una gestora involucrados. Tres de los agentes se encuentran en prisión preventiva, mientras que un cuarto será imputado la próxima semana por hechos que tendrían características similares. La investigación está a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.
Los policías son investigados por presuntamente recibir dinero a cambio de confeccionar, sellar y firmar formularios N.º 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor sin cumplir con el procedimiento establecido para la verificación de vehículos.
Cómo funcionaba la maniobra investigada
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, una gestora habría entregado dinero a los integrantes de la fuerza para obtener formularios de verificación vehicular sin que los automóviles fueran sometidos al control correspondiente.
El procedimiento regular exige la realización de un turno, el pago de la tasa correspondiente y la presentación del vehículo en la planta verificadora. Sin embargo, los agentes investigados habrían confeccionado y validado los formularios sin realizar personalmente las inspecciones.
En algunos casos, los documentos ya se encontraban parcialmente completados cuando llegaban a manos de los policías y, en otros, habrían sido entregados en blanco para que fueran completados, sellados y firmados.
La investigación sostiene que los pagos se concretaban mediante entregas de dinero en efectivo, incluso durante encuentros personales, y también a través de transferencias bancarias.
Uno de los policías habría recibido $25.000 por cada formulario
Entre los hechos atribuidos se encuentra la actuación del suboficial Bernardo Agustín González, quien habría recibido $25.000 por cada formulario durante un período comprendido entre el 3 de enero de 2020 y el 13 de agosto de 2025.
Según la acusación, parte de esas entregas se habría producido durante encuentros con la gestora en distintos puntos de la región, entre ellos la zona conocida como la bajada de Grutly y el destacamento policial de Cavour.
En el caso de Bruno Santiago Vignatti, la Fiscalía le atribuye hechos similares ocurridos entre el 16 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.
La investigación también apunta a que González habría sido quien puso en contacto a la gestora con Luis Rodrigo Ulerich, otro de los policías involucrados en la causa.
Tres policías están en prisión preventiva
González y Vignatti quedaron en prisión preventiva por 30 días luego de una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Ambos se sumaron a Ulerich, quien había recibido la misma medida cautelar durante la semana anterior.
Además, un cuarto integrante de la fuerza provincial será imputado la próxima semana por hechos que la Fiscalía considera vinculados con el mismo mecanismo.
La gestora Érica Andrea Lucca, señalada como quien habría realizado los pagos a los policías, también está imputada en el expediente, aunque continúa el proceso judicial en libertad.
La causa continúa en investigación
El fiscal Hernández atribuyó a los policías investigados la presunta autoría del delito de cohecho pasivo, mientras que a la gestora se le atribuye cohecho activo.
La investigación busca determinar la totalidad de los hechos, la cantidad de formularios confeccionados irregularmente y el nivel de participación de cada una de las personas involucradas en la presunta maniobra.
Fuente: Aire de Santa Fe
