La investigación por el cobro de coimas en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI sumó una nueva condena. Esta vez, la sentencia alcanzó al subcomisario Cristian Gustavo Vittore, de 54 años, quien estuvo al frente de la dependencia y reconoció haber recibido dinero a cambio de realizar trámites vehiculares sin cumplir con los controles obligatorios.
El exjefe policial fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones policiales y una multa de $75.150.000. De esta manera, ya son cuatro los integrantes de la planta verificadora con sede en Esperanza que recibieron condenas en el marco de la causa.
La resolución se dictó mediante un procedimiento abreviado presentado por el fiscal Ezequiel Hernández, de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la intervención del defensor Federico Kiener.
La audiencia se realizó el lunes 19 de octubre en la Sala 4 del edificio Anexo de los Tribunales de Santa Fe. El juez Gustavo Urdiales admitió el acuerdo y comunicó la sentencia de manera oral. A pedido de la defensa, también dispuso el cese de la prisión preventiva que Vittore venía cumpliendo.
Además de la pena y la multa, el condenado deberá cumplir distintas reglas de conducta durante tres años: fijar residencia, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de tener o portar armas de fuego y mantener una distancia mínima de 200 metros respecto de testigos y coimputados.
Casi 1.500 trámites bajo sospecha
De acuerdo con la acusación fiscal, Vittore abusó de sus funciones entre el 12 de julio de 2021 y el 23 de septiembre de 2025 para obtener dinero a cambio de emitir documentación necesaria para transferir vehículos o inscribir unidades cero kilómetro.
La investigación contabilizó 1.079 formularios correspondientes a automóviles y otros 408 de motocicletas, confeccionados irregularmente entre enero de 2024 y mayo de 2025. En total, se identificaron 1.487 trámites por los que el funcionario habría recibido pagos.
El procedimiento consistía en confeccionar, sellar y firmar el Formulario 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor sin respetar las exigencias administrativas. En muchos casos no se gestionaba un turno, no se abonaban las tasas correspondientes y los vehículos ni siquiera eran trasladados a la planta para realizar la inspección.
Según la Fiscalía, las maniobras se desarrollaban de manera coordinada con el suboficial Bernardo Agustín González y con la gestora Erica Andrea Lucca, oriunda de Sarmiento. Entre otras irregularidades, Vittore entregaba formularios ya firmados y sellados para que fueran completados posteriormente.
Los pagos se realizaban en efectivo, tanto en encuentros personales como a través de González. La investigación también permitió reconstruir acuerdos con tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo y su situación documental, además de cobros adicionales por traslados a otras localidades.
Para sostener la acusación, el MPA reunió denuncias anónimas, declaraciones de personas relacionadas con la compraventa de vehículos, actuaciones de Asuntos Internos, informes de la propia Sección Automotores y peritajes de teléfonos celulares. También se incorporaron registros de formularios y documentación secuestrada durante los allanamientos.
Cuatro condenas en la misma causa
La sentencia contra Vittore se suma a las dictadas anteriormente contra otros tres integrantes de la planta verificadora de Esperanza.
El primero fue el subinspector Luis Rodrigo Ulerich, condenado el 9 de octubre a tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales y una multa de $17.260.000. El acuerdo fue homologado por el juez Gustavo Urdiales, con la intervención del fiscal Hernández y el defensor Juan Carlos Galetto.
Posteriormente, el 14 de octubre, recibieron condenas los suboficiales Bernardo Agustín González y Bruno Santiago Vignatti. En ambos casos se establecieron tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer funciones policiales. González deberá pagar una multa de $11.520.000, mientras que para Vignatti se fijó una sanción económica de $8.000.000.
Con estos cuatro acuerdos de juicio abreviado, la causa judicial avanzó sobre las responsabilidades de distintos integrantes de la dependencia policial, incluido quien fuera su máximo responsable.



